Este flagelo tiene dos caras que se relacionan entre sí: La primera, se refiere a las empresas que no tienen registro mercantil ni pagan sus obligaciones tributarias ni contratan empleados lícitamente; la segunda, es la informalidad laboral causada por las empresas ilegales y por las que, siendo legales, vinculan personas por menos del salario mínimo y/o evitan el pago de prestaciones sociales. A esto se suma la informalidad relacionada con los que laboran en el rebusque sobre el espacio público y realizando trabajos ocasionales sin cotizar al sistema de seguridad social, me refiero a la denominada informalidad voluntaria (trabajadores que podrían tener un trabajo formal pero deciden ser informales, aun si el salario es menor) y de subsistencia (trabajadores excluidos de la formalidad por tener ingresos menores al salario mínimo).

Es obvio, entonces, que la informalidad se vincula directamente con baja competitividad y productividad empresarial, menor recaudo de impuestos, dificultad para acceder a servicios bancarios y financieros, imposibilidad de obtener una pensión adecuada, competencia desleal y venta de productos piratas y de contrabando, lo que en su conjunto genera una economía subterránea que atrapa en la ilegalidad y la pobreza a quienes la practican.

Sobre el asunto, LA CRÓNICA DEL QUINDÍO publicó el pasado 7 de julio una noticia en la que el director regional de Colpensiones en el Eje Cafetero señaló que en el Quindío, de 98.319 personas que están por encima de la edad de pensión, solo 24.350 la tienen, es decir, que el 75,3% de los quindianos que deberían estar pensionados no lo están, situación de verdadera alarma social por cuanto: ¿cómo van a vivir estar personas en la vejez?, ¿qué pasará si no frenamos la informalidad laboral y crece la población sin mesada pensional?

Lo dicho nos debe llevar a poner en el debate público este tema y hacer un gran esfuerzo entre gobiernos, gremios, universidades y empresarios para sumar recursos y combatir la informalidad en todas sus expresiones. Actualmente la Cámara de Comercio adelanta un censo empresarial que suministrará datos valiosos sobre informalidad en los doce municipios del Quindío que debería servir para que las alcaldías acompañen procesos de legalización empresarial. De igual manera, avanzamos, en coordinación con varias autoridades, en la identificación de empresas que no cumplen con el Registro Nacional de Turismo con el fin de controlar la competencia desleal que afecta significativamente a los prestadores de servicios turísticos que si cumplen con los requisitos de ley.

Es momento de abordar con decisión la informalidad empresarial y laboral, con mayor razón ahora que la administración municipal está empeñada en la recuperación del espacio público, pues no basta con reubicar a las personas que lo invaden, sino que es preciso hacer un acompañamiento para que sus actividades comerciales se vuelvan formales y se afilien al sistema de seguridad social.