"Hay informalidad en las ventas callejeras sobre vías y espacio público, en almacenes y negocios que operan sin legalidad..."


La informalidad laboral y empresarial son dos problemas graves que aquejan la economía colombiana y que afectan de forma sustancial la calidad de vida de buena parte de la población. Sobre la primera, en abril del presente año un estudio de la Universidad del Rosario de Bogotá indicó que en Colombia solo 7,8 de los 22 millones de trabajadores ocupados están vinculados al Sistema de Seguridad Social, es decir, a salud y pensión, lo que supone que la informalidad laboral alcanza el 65% situación que tiene una honda repercusión social en los cientos de miles de colombianos que jamás van a tener derecho a una pensión, lo que los vuelve altamente vulnerables en la tercera edad.

Por su parte la informalidad empresarial, expresada en negocios que funcionan sin su respectivo registro mercantil y que no pagan impuestos como los de renta e industria y comercio ni contratan personal con arreglo a las normas laborales ni afiliación al Sistema de Seguridad Social, es otra de las irregularidades que termina por afectar al consumidor que adquiere productos piratas y de contrabando sin control alguno sobre la calidad y garantía.

De ahí que la informalidad acarrea complicadas consecuencias para todos que se pueden expresar en: generación de empleos de baja calidad, reducción del recaudo de impuestos, actúa como competencia desleal, afecta la productividad, causa pésima distribución del ingreso, reduce la cobertura de la seguridad social, estimula el contrabando y congestiona los servicios y bienes públicos sin contribuir a su financiación.

Así que este es un mal con el que todos perdemos y con el que ningún sector de la economía sale bien librado. Hay informalidad en las ventas callejeras sobre vías y espacio público, en almacenes y negocios que operan sin legalidad, en hoteles que carecen del registro nacional de turismo, en restaurantes y ventas de comida que no cumplen con las normas para manipular alimentos, en la venta de productos piratas como libros y discos compactos de música y videos, en el moto-taxismo que compite deslealmente con el transporte público con un alto nivel de riesgo, en los que venden inmuebles por fuera de los requisitos y garantías que si cumplen las inmobiliarias, en los que alquilan apartamentos sin RNT rivalizando con hoteles debidamente establecidos, en los vendedores de prendas y artículos de contrabando, en los que no facturan sus ventas y en el empleo agropecuario sin formalidad.

En consecuencia, la frontera entre lo formal y lo informal se torna cada vez más difusa y es el origen de numerosos problemas que agudizan los niveles de pobreza y la desigualdad, la baja cobertura en seguridad social, el desaprovechamiento del bono demográfico y los bajos recaudos tributarios. Todo esto se expresa en una alta competencia desleal a los empresarios que desde la formalidad y legalidad trabajan generando empleos estables y de calidad, produciendo los bienes y servicios esenciales y pagando los impuestos y tributos requeridos por el Estado para la necesaria inversión social en asuntos como educación y salud, además de la redistribución del ingreso con equidad.