La huelga de pilotos de Avianca ha afectado a todo el país, en especial a aquellas regiones que como el Quindío reciben una alta afluencia de turistas.



Ya han pasado casi dos semanas desde que inició el conflicto entre la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, y la aerolínea que precipitó la convocatoria por parte del gobierno nacional de un tribunal de arbitramento ante la importancia del transporte aéreo y bajo que premisa de que se trata de un servicio público esencial.

Lo cierto del caso es que lo que empezó como un conflicto interno de la aerolínea más importante del país, se fue convirtiendo en un hecho de grandes repercusiones para la economía de sectores que dependen o se ven afectados por lo que suceda con el transporte aéreo. Hoy no se ven soluciones a la vista, y ante la polarización de las partes, al parecer dependemos de los plazos establecidos para emitir un laudo arbitral que podría llevar hasta diez días hábiles una vez se integre el tribunal de arbitramento, esto sin considerar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá admitió la demanda de declaratoria de ilegalidad de la susodicha huelga.

En medio de este panorama, la angustia de los pasajeros afectados y de los empresarios perjudicados es grande y crece.  Pero en la balanza no son solo están las peticiones de los pilotos y las pérdidas de Avianca, también hay que evaluar lo que ha significado para el país. En caso del Quindío, si bien la mayor parte de los turistas que llegan lo hacen por vía terrestre, también es cierto que el impacto de la huelga para los viajeros que utilizan El Edén es mayor porque la conexión con Bogotá solo es atendida por Avianca sin que haya otras opciones.

Pero no solo son los turistas nacionales y extranjeros los perjudicados, también los son todas las personas que por motivos familiares y de negocios deben viajar por nuestro aeropuerto, además de la numerosas actividades que dependen del transporte aéreo. Me refiero a los negocios de cafeterías, restaurantes, parqueadero y almacenes ubicados en el aeropuerto; a los maleteros, lustrabotas y personas que prestan sus servicios en la terminal; a los taxistas que derivan su sustento transportando a los pasajeros que salen o arriban y que se desplazan a diferentes partes de la ciudad o a municipios y departamentos vecinos; a los hoteles y alojamientos rurales que han visto canceladas sus reservaciones con el consecuente efecto sobre toda la cadena de valor del turismo.

A esto se suma el daño causado a las agencias de viajes de la ciudad y a las personas naturales y jurídicas que compraron tiquetes y hecho reservas para cumplir compromiso de negocios, congresos, seminarios y el disfrute de vacaciones en el país o el exterior, que ante la imposibilidad de viajar perdieron sus conexiones con otras aerolíneas y con navieras, y que habían pagado con anticipación hoteles y giras sin que exista posibilidad de reembolso.

En consecuencia, hacemos un llamado a las partes en conflicto para que en el menor tiempo lleguen a un acuerdo sin tener que esperar el cumplimento de los términos establecidos para los tribunales de arbitramento, y así superar una situación, que si bien ha beneficiado a otras aerolíneas y empresas de transporte terrestre de pasajeros, es indudable que acarrea grandes traumatismos y pérdidas para la economía regional y del país en general.